La provincia reglamentó la Ley Salomé, que contempla el autocultivo, la participación de organizaciones civiles, la dispensa en farmacias y el desarrollo de la industria del cannabis y el cáñamo.

El Gobierno de Chubut reglamentó la Ley I N.º 790, conocida como Ley Salomé, mediante el Decreto N.º 1680/2026, firmado por el gobernador Ignacio Torres. La medida permite avanzar en la implementación de una normativa aprobada por unanimidad en septiembre de 2024, que busca garantizar el acceso al cannabis medicinal y promover nuevas actividades productivas en la provincia.

Uno de los principales avances es la implementación del Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut (REUSCCH), que permitirá organizar el autocultivo medicinal, el cultivo a través de terceros y la participación de asociaciones y fundaciones que acompañan a pacientes.

La reglamentación también contempla que las farmacias y establecimientos habilitados puedan dispensar derivados e inflorescencias de cannabis provenientes de productores autorizados, bajo indicación médica y cumpliendo los requisitos sanitarios correspondientes.

Una nueva etapa para la industria cannábica

En el ámbito productivo, la normativa establece las bases para desarrollar la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, desde el cultivo y la producción de semillas hasta la elaboración, el transporte y la comercialización.

La Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal (ACCICANN) tendrá un papel central en el otorgamiento de licencias provinciales, la fiscalización y la trazabilidad de la producción, en articulación con los organismos nacionales correspondientes.

La iniciativa también busca impulsar inversiones, generar empleo y promover la investigación científica mediante la colaboración con universidades e instituciones especializadas.

La implementación será progresiva, por lo que todavía deberán ponerse en funcionamiento los mecanismos administrativos y las autorizaciones correspondientes.

Con esta reglamentación, Chubut da un paso importante hacia un modelo provincial que busca integrar el derecho a la salud, el trabajo de las organizaciones cannábicas y el desarrollo de una nueva actividad económica.