El Gobierno envió al Consejo de Estado el decreto que definirá cómo se financiará el cannabis medicinal, pero los tratamientos con cobertura pública recién podrían llegar en 2027.
Francia dio un nuevo paso en la implementación del cannabis medicinal, aunque los pacientes todavía deberán esperar. El Gobierno remitió al Consejo de Estado el decreto que establecerá el sistema de financiación de estos tratamientos, una etapa clave para incorporarlos a la cobertura de la seguridad social.
El texto, confirmado por el ministro delegado Laurent Panifous, no modifica la regulación vigente sobre el uso del cannabis medicinal, sino que define los criterios mediante los cuales el sistema público decidirá qué productos financiar y bajo qué condiciones económicas.
Sin embargo, el proceso todavía demandará varios meses. La revisión jurídica se realizará después del receso parlamentario de verano y, posteriormente, el decreto deberá publicarse junto con el dictamen de la Alta Autoridad de Salud (HAS), organismo encargado de evaluar estos medicamentos desde marzo de 2025. Si se cumplen los plazos previstos, las primeras prescripciones con cobertura estatal no llegarían antes de 2027.
Mientras tanto, el programa piloto lanzado por Francia en 2021 continúa perdiendo participantes. Actualmente quedan menos de 700 pacientes, muy lejos de los casi 3.000 que integraron el estudio en su momento. Además, desde 2024 no se incorporan nuevos pacientes, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos.
En paralelo, el debate recibió un nuevo impulso tras la publicación del estudio U.CANNABIS, impulsado por el Inserm y la Universidad de Burdeos. La investigación siguió a 1.971 pacientes entre 2021 y 2023 y observó una reducción en el uso de opioides potentes después de iniciar tratamientos con cannabis medicinal.
Si bien los investigadores aclaran que estos resultados no demuestran por sí solos una sustitución terapéutica, el estudio aporta nueva evidencia para el debate sobre la incorporación del cannabis medicinal dentro de los sistemas públicos de salud europeos.
Con el decreto ya en evaluación, Francia mantiene su compromiso de avanzar hacia un esquema de acceso permanente. Sin embargo, entre la aprobación administrativa y la llegada efectiva de los tratamientos con cobertura pública todavía queda un camino que, por ahora, se mide en años y no en meses.
